Yes, steve, please enlighten us with your great knowledge of US immigration law and procedure. I can't wait to read your thoughtful answer. I bet you will be up all night googling the internet looking for the answer. I am sure you will enjoy reading all that case law to get to the bottom of this query!laureltp said:
Argentine citizenship for foreigners?
- Thread starter steveinbsas
- Start date
- Status
steveinbsas
Registered
- Joined
- Jul 27, 2006
- Messages
- 10,566
- Likes
- 6,785
gunt86 said:
Go ahead with your silly threats. That's precisely what I expect from a lawyer.
I asked for those who has actually applied for citizenship to reply to his thread.
What did you post?
gunt86 said:
steveinbsas
Registered
- Joined
- Jul 27, 2006
- Messages
- 10,566
- Likes
- 6,785
gunt86 said:
In less than ten minutes, here is my answer.
I lived in Mexico for five years prior to arriving in Argentina. I had many friends there who had dual citizenship with the US. They did not denounce their US citizenship or stop filing US tax returns. There was no problem.
LA NACIONALIDAD ARGENTINA
ART. 1º: Argentinos nativos.
Son argentinos nativos:
a) Todas las personas nacidas en el territorio de la República Argentina, sus aguas jurisdiccionales o espacios aéreos, con excepción de los hijos de extranjeros cuyo padre o madre se encontraren en el país como agentes del servicio exterior o en función oficial de un Estado extranjero o en representación de organismos internacionales reconocidos por la República, siempre que, conforme a la legislación del Estado cuya nacionalidad posean los padres, no les correspondiere la nacionalidad argentina;
b) las personas nacidas en las legaciones, sedes de las representaciones diplomáticas, aeronaves y buques de guerra argentinos;
c) los nacidos en alta mar o en zona internacional, y en sus respectivos espacios aéreos, bajo pabellón argentino;
d) los hijos de padre o madre argentinos que nacieren en territorio extranjero, siempre que el padre o la madre se encontraren en el exterior prestando servicios oficiales para los gobiernos nacionales, provinciales o municipales; u organizaciones internacionales de las cuales la República es Estado miembro.
Art. 2º: Argentinos por opción.
Las personas nacidas en el extranjero, de padre o madre argentino, pueden optar por la nacionalidad argentina, en las siguientes condiciones:
a) los que tengan 18 años pueden ejercer la opción por si mismos;
b) los menores de 12 a 17 años pueden manifestar su opción de ser argentinos debiendo cumplimentar el trámite pertinente el progenitor que ejerza la patria potestad o quien tenga discernida la tutoría.
En ambos supuestos, el trámite de solicitud para optar por la nacionalidad argentina se sustanciará en sede administrativa ante el Registro Nacional de las Personas.- Si el mismo residiere en el extranjero el aludido trámite se realizará ante el cónsul argentino del lugar en que se hallare.
ART. 3º: Argentinos naturalizados.
Los extranjeros podrán obtener la nacionalidad argentina cuando se acredite:
a) ser mayores de dieciocho años de edad;
b) tener dos años de residencia legal continuada en el territorio de la República;
c) tener medios honestos de vida;
d) ser capaz según las leyes de la República.
El plazo previsto en el inc. b), podrá reducirse si el extranjero acreditare servicios prestados a la Nación.- Las circunstancias que prueben esos servicios serán establecidas por la reglamentación.- También antes del plazo señalado un extranjero podrá solicitar la nacionalidad argentina cuando su cónyuge sea nacional o tenga un hijo argentino nativo.
ART. 4º: Son causales que impedirán el otorgamiento de la nacionalidad argentina por naturalización las siguientes:
a) estar procesado en el país, o en el extranjero por delito previsto en la legislación penal argentina, hasta no ser separado de la causa;
b) Haber sido condenado por delito, ya fuera en el país o el extranjero, con pena privativa de libertad, salvo que la misma hubiere sido cumplida y hubieren transcurrido cinco años desde el vencimiento del término de la pena fijada en la condena o hubiere amnistía.
ART. 5º: El trámite de obtención de la nacionalidad será gratuito y se sustanciará ante la Justicia Federal.
La reglamentación establecerá los recaudos pertinentes.
ART. 6º: Suspensión y anulación de la nacionalidad:
Cuando el argentino nativo, por opción o naturalizado tomare la nacionalidad de otro país se le suspenderá la nacionalidad argentina.- Se anulará la adquisición de la nacionalidad obtenida por naturalización contemplada en el art. 3º cuando hubiere mediado fraude por ser falsos los hechos invocados para la obtención de dicha naturalización.
ART. 7º: Rehabilitación de la Nacionalidad.
La rehabilitación de la nacionalidad suspendida o anulada podrá ser dispuesta por la Justicia Federal y siempre que el requirente acreditare su voluntad de pertenecer a la comunidad de nacional, que no este incurso en los impedimentos del art. 4º y de acuerdo a los recaudos que se establezcan en la reglamentación.
CIUDADANIA.
ART. 8º: Los argentinos nativos, por opción o naturalizados que tengan dieciocho años son ciudadanos pudiendo ejercer los derechos políticos.
No podrán ejercer la ciudadanía los que hubieren sido condenados por delitos a pena privativa a la libertad y por sentencia ejecutoriada por el término de la condena y los que no estuviesen inscriptos en el padrón electoral de conformidad con lo prescripto en el artículo 3º del Código Nacional Electoral.
ART. 9º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El proyecto que se auspicia tiene el propósito de actualizar y sistematizar las disposiciones legales relativas al tema de la nacionalidad y la ciudadanía.-
Según distintos y calificados constitucionalistas las expresiones nacionalidad y ciudadanía consignadas en la Ley Fundamental son empleadas como términos intercambiables cuando en realidad no significan lo mismo.-
El punto es contemplado en los arts. 8º, 20º, 21º y 75º inc. 12) de la Constitución Nacional.-
Art. 8º: "Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás".
Art. 20º: "Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano... No están obligados a admitir la ciudadanía... Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la Nación".
Art. 21º: "Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria... Los ciudadanos por naturalización son libres de prestar o no este servicio por el término de diez años contados desde el día en que obtengan su carta de ciudadanía".
Art. 75º inc. 12): "Dictar...; y especialmente, leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural (antes de la reforma de 1994 decía ciudadanía natural)... "Acerca de la modificación de este texto constitucional Adolfo Ziulu y Luís Ramírez comentan que "El reemplazo de la mención a la ciudadanía natural por la de la nacionalidad natural consideramos que mejore sustancialmente el entendimiento de la norma constitucional.- Está inspirada en el criterio diferenciador de la nacionalidad y la ciudadanía que sostenemos.- Empero, creemos, que no ha terminado con la sinonimia, toda vez que subsisten inalterados los arts. 8º, 20º y 21º de la Constitución Nacional" (Rev. El Derecho, diario del 26 de Junio de l996).
En el apartado precedente se aludió a que prominentes constitucionalistas habían marcado la confusión en que incurre la Constitución cuando considera términos intercambiables a nacionalidad y ciudadanía a la que cabe agregar que también ocurre similar confusión con el empleo de los vocablos naturalización y carta de ciudadanía.
Entre esos constitucionalistas cabe citar a González Calderón ("Curso de Derecho Constitucional" pag. 263) quién dijo que para la Constitución "ciudadanía es la misma cosa que nacionalidad" y al documento en que consta la nacionalización la Ley Suprema la designa con el nombre de Carta de ciudadanía.
Para Bidart Campos ( "Tratado Elemental de Derecho Constitucional" pags. 94º, 96º y 97º), citando a González Calderón, manifiesta que parece exacta su tesis en el sentido de que la Constitución Argentina equipara nacionalidad y ciudadanía (pag. 94).
Después, el mismo autor, refiriéndose al concepto de nacionalidad distingue entre la nacionalidad "a secas" y la política.- La primera no depende del derecho positivo.- Sería el vínculo que une a un hombre con una nación.- En cambio la nacionalidad política deriva del derecho positivo y es la materia que regula la Constitución.- Esta puede o no coincidir con la nacionalidad a secas.
También Bidart Campos reflexiona acerca de la ciudadanía manifestando que es una cualidad o condición jurídica del individuo consistente en un status jurídico derivado del derecho positivo y cuyo contenido esta dado por el ejercicio de los derechos políticos ( op. cit. pags. 96/97).
En la misma línea, Ramella ( "Derecho Constitucional" p. 250) escribió que "El ejercicio de los derechos políticos es lo que constituye la calidad de ciudadano y que el requisito previo para ser ciudadano es ser nacional por origen o naturalización.
Por su parte Ramella anotó que nacional es el natural de una nación en contraposición a extranjero y que la nacionalidad es el estado propio de la persona nacida o naturalizada en una nación (p. 233).
En resumen, para los autores citados la nacionalidad es un atributo de la persona, un vínculo que une al ciudadano con una nación y la ciudadanía se manifiesta en el ejercicio de los derechos políticos (de elegir y ser elegido) lo cual supone la nacionalidad por origen o naturalización.
A su vez, Bidart Campos y González Calderón coinciden en que la Constitución utiliza las palabras nacionalidad y ciudadanía como términos sinónimos.
Entre los antecedentes nacionales sobre la materia cabe mencionar la Ley de ciudadanía y naturalización Nº 346 que se sancionó en 1869.- Sus aspectos más singulares son:
La ley 346 fue sustituida por la ley de facto 21.795 de 1978 la que, a su vez, fue derogada por la 23.059 que restableció la vigencia de la 346 con lo que las cosas, al presente, permanecen en el mismo estado de confusión descripto.
Es por ello que la presente propuesta consiste en establecer la distinción de conceptos entre nacionalidad y ciudadanía, pero respetando los principios constitucionales que rigen esta materia (arts. 8º, 20º, 21º, 75º inc. 12).
Sus notas salientes son:
1 - Diferenciación de los conceptos de nacionalidad y ciudadanía;
2 - Acatamiento a las disposiciones del derecho internacional a la que nuestro país ha adherido.- Sobre este aspecto, corresponde mencionar que los tratados internacionales consagran expresamente el derecho humano de poseer una nacionalidad, así como el de cambiar libremente la misma.- En este sentido, la reconocen con tal alcance: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 15º), la Declaración Americana sobre Derechos Humanos (art. 20º); la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 9º) y la Convención sobre Derechos del Niño (art. 7º p. 1).- Dentro de este contexto, no se contempla en la iniciativa la pérdida de la nacionalidad previéndose solamente la suspensión cuando la persona adquiera voluntariamente otra nacionalidad (art. 6º del proyecto).
3 - El hijo de argentino nacido en el extranjero que optare por la nacionalidad argentina cumplirá el trámite correspondiente en sede administrativa ante el Registro Nacional de las Personas (art. 2º).- Pero si permaneciera en el extranjero ejercerá la opción ante el Cónsul argentino del lugar en que estuviere residiendo.- Es esta una diferencia con el extranjero, descendiente de extranjeros, que tiene que acudir a la Justicia Federal para poder adquirir la nacionalización (art. 5º).- También se aclara en el referido art. 2º que se necesita el consentimiento del menor - a partir de los 12 y hasta los 17 años - para que éste opte por la nacionalidad argentina.- De esta forma, se cumple con la directiva que establecen los tratados internacionales en el sentido de reconocer el derecho de elección de la nacionalidad.
4 - Los requisitos que se establecen en el art. 3º para que un extranjero pueda nacionalizarse son los que disponía la ley 346 en el art. 2º y art. 3º del decreto 3212/84.-
Sin embargo, en el articulo 4 inc. b de nuestra iniciativa nos apartamos de lo dispuesto en el art. 3 ap. tercero inciso c) de la reglamentación (decreto 3212/84).- En este precepto se impide la naturalización de quien estuviere procesado o hubiere sido condenado por delito doloso que mereciere una pena privativa de libertad de tres años como mínimo.- De este modo, en la reglamentación vigente citada se es mas severo con quien fuera procesado -respecto del cual impera la presunción de inocencia- que con quien hubiere sido condenado a una pena inferior a los tres años. No se advierte la razonabilidad de esta diferencia que desaparece en nuestro proyecto. O sea que para nosotros esta puesto en un pie de igualdad el procesado y el condenado cualquiera fuera el tiempo de la pena que se le aplicare.
5 - El plazo de residencia que se exige al extranjero es de dos años (cf. art. 20º Constitución Nacional); pero se puede acortar este término alegando y probando servicios a la República.- La ley 346 mencionaba expresamente en su texto - art. 2º inc. 2) puntos 1 al 8 - qué se entendía por servicios prestados a la Nación.- En el proyecto que se auspicia se reserva al Poder Ejecutivo la facultad de precisar estos servicios, pues las circunstancias que determinan los mismos pueden variar, y es preferible modificarlas a través de un decreto y no por el mecanismo de una ley.- Ejemplo de ello es que en el art. 2º inc. 2) punto 1, de la ley 346 se establece la posibilidad de acortar el plazo de dos años de residencia si el extranjero accede a un empleo en la Nación, Provincia o Municipio, pero, precisamente, para poder ingresar a la Administración Pública se necesita ser argentino.- Si bien la Corte Suprema, por vía interpretativa entendió que: "No es irregular pedir la ciudadanía si luego el beneficiario piensa acceder a un empleo público, cargo para el cual se exige dicho recaudo, siempre que se hubieren cumplido con los demás requisitos que la ley exige (LL. 55: 254 y 55: 251)", esta contradicción podría salvarse - siguiendo el criterio propuesto - mediante el dictado de un decreto.
6 - El argentino - nativo, por opción o naturalizado - es ciudadano cuando cumple los dieciocho años y puede ejercer los derechos políticos.- En otras palabras, la ciudadanía coincide con el empadronamiento.- A su vez, quien no este incluido en el padrón electoral de acuerdo con las prescripciones que dispone el Código Nacional Electoral no podrá ejercer estos derechos.- Esta remisión evita repetir las causales dispuestas en el art. 3º de la ley 19.945 manteniendo así la coherencia legislativa con dicho Código.
Sin embargo, la presente iniciativa se aparta de esta remisión cuando se especifica en el texto que "no podrán ejercer la ciudadanía los que hubiesen sido condenados por delitos a pena privativa de libertad (art. 8). Es esta una diferencia con el Código Nacional Electoral que no contempla a los condenados por delitos culposos pues, únicamente, suspende en el ejercicio de los derechos políticos a los condenados por delitos dolosos.- No encontramos fundamento atendible para excluirlos ya que también en estos casos el autor es causante de un daño que se pudo evitar mediante una mayor diligencia que demuestra, en todo caso, una conducta disvaliosa para la sociedad y, en consecuencia, no se lo puede privilegiar con el otorgamiento del ejercicio de los derechos políticos.- Es por ello que se modifica el referido cuerpo legal al quedar comprendido , reiteramos, los delitos culposos entre aquellas causales que suspenden la práctica del derecho de elegir.
7 - Algunos proyectos (por ejemplo el del Diputado Vanossi, Expte. 99-D-90, TP 2) prevén la suspensión y pérdida de los derechos políticos.- Particularmente, la pérdida se produciría por la traición a la patria.- Este último es un ilícito como son todos aquellos que están contemplados en el Código Penal,. por lo que no resulta necesario hacer una mención específica del delito de traición a la patria.- Además, no se prevé la perdida de los derechos políticos y sí solamente la suspensión porque en el especifico de traición a la patria cumplida la pena el afectado recupera el goce de sus derechos políticos en la misma situación que aquellos que hubiesen cumplido condenas por otros motivos.- O sea, no se vislumbra porque debe hacerse una diferencia cuando se supone que el cumplimiento de la condena y el retorno a la sociedad implica un arrepentimiento y rehabilitación de la persona en plenitud.- Es decir, que con un criterio simplificado y para mantener la armonía con el plexo legal relacionado con la materia se hace remisión a las causales que según el código electoral dan lugar a la suspensión de los derechos políticos.
8 - El trámite para obtener la nacionalidad es gratuito (art. 5º) y se promueve ante la Justicia Federal, con excepción de la adquisición de la nacionalización por opción.- En el proyecto tampoco se contemplan detalles procedimentales como por ejemplo los requerimientos que el juez debería efectuar - mediante oficios - a las pertinentes autoridades para acreditar las circunstancias invocadas por quien solicitare la naturalización.- Se estima que la determinación de esos aspectos, que pueden variar según las circunstancias, es más adecuado derivarlos a la reglamentación de la ley cuya eventual modificación es más fácil que la reforma de una ley.
Para finalizar, con el proyecto que se auspicia se pretende cumplir con una deuda pendiente: actualizar la ley 346 que ya tiene más de un siglo de vigencia y respetar el sentido de la reforma del art. 75º inciso 12) de la Constitución Nacional realizada en 1994 que se orienta en el buen cauce al hablar de nacionalidad natural en vez de ciudadanía natural como expresaba el texto de 1853/60.- O sea que el constituyente de 1994 comenzó una tarea de ordenamiento del texto constitucional en esta materia que la presente iniciativa apunta a materializar en la práctica.
ART. 1º: Argentinos nativos.
Son argentinos nativos:
a) Todas las personas nacidas en el territorio de la República Argentina, sus aguas jurisdiccionales o espacios aéreos, con excepción de los hijos de extranjeros cuyo padre o madre se encontraren en el país como agentes del servicio exterior o en función oficial de un Estado extranjero o en representación de organismos internacionales reconocidos por la República, siempre que, conforme a la legislación del Estado cuya nacionalidad posean los padres, no les correspondiere la nacionalidad argentina;
b) las personas nacidas en las legaciones, sedes de las representaciones diplomáticas, aeronaves y buques de guerra argentinos;
c) los nacidos en alta mar o en zona internacional, y en sus respectivos espacios aéreos, bajo pabellón argentino;
d) los hijos de padre o madre argentinos que nacieren en territorio extranjero, siempre que el padre o la madre se encontraren en el exterior prestando servicios oficiales para los gobiernos nacionales, provinciales o municipales; u organizaciones internacionales de las cuales la República es Estado miembro.
Art. 2º: Argentinos por opción.
Las personas nacidas en el extranjero, de padre o madre argentino, pueden optar por la nacionalidad argentina, en las siguientes condiciones:
a) los que tengan 18 años pueden ejercer la opción por si mismos;
b) los menores de 12 a 17 años pueden manifestar su opción de ser argentinos debiendo cumplimentar el trámite pertinente el progenitor que ejerza la patria potestad o quien tenga discernida la tutoría.
En ambos supuestos, el trámite de solicitud para optar por la nacionalidad argentina se sustanciará en sede administrativa ante el Registro Nacional de las Personas.- Si el mismo residiere en el extranjero el aludido trámite se realizará ante el cónsul argentino del lugar en que se hallare.
ART. 3º: Argentinos naturalizados.
Los extranjeros podrán obtener la nacionalidad argentina cuando se acredite:
a) ser mayores de dieciocho años de edad;
b) tener dos años de residencia legal continuada en el territorio de la República;
c) tener medios honestos de vida;
d) ser capaz según las leyes de la República.
El plazo previsto en el inc. b), podrá reducirse si el extranjero acreditare servicios prestados a la Nación.- Las circunstancias que prueben esos servicios serán establecidas por la reglamentación.- También antes del plazo señalado un extranjero podrá solicitar la nacionalidad argentina cuando su cónyuge sea nacional o tenga un hijo argentino nativo.
ART. 4º: Son causales que impedirán el otorgamiento de la nacionalidad argentina por naturalización las siguientes:
a) estar procesado en el país, o en el extranjero por delito previsto en la legislación penal argentina, hasta no ser separado de la causa;
b) Haber sido condenado por delito, ya fuera en el país o el extranjero, con pena privativa de libertad, salvo que la misma hubiere sido cumplida y hubieren transcurrido cinco años desde el vencimiento del término de la pena fijada en la condena o hubiere amnistía.
ART. 5º: El trámite de obtención de la nacionalidad será gratuito y se sustanciará ante la Justicia Federal.
La reglamentación establecerá los recaudos pertinentes.
ART. 6º: Suspensión y anulación de la nacionalidad:
Cuando el argentino nativo, por opción o naturalizado tomare la nacionalidad de otro país se le suspenderá la nacionalidad argentina.- Se anulará la adquisición de la nacionalidad obtenida por naturalización contemplada en el art. 3º cuando hubiere mediado fraude por ser falsos los hechos invocados para la obtención de dicha naturalización.
ART. 7º: Rehabilitación de la Nacionalidad.
La rehabilitación de la nacionalidad suspendida o anulada podrá ser dispuesta por la Justicia Federal y siempre que el requirente acreditare su voluntad de pertenecer a la comunidad de nacional, que no este incurso en los impedimentos del art. 4º y de acuerdo a los recaudos que se establezcan en la reglamentación.
CIUDADANIA.
ART. 8º: Los argentinos nativos, por opción o naturalizados que tengan dieciocho años son ciudadanos pudiendo ejercer los derechos políticos.
No podrán ejercer la ciudadanía los que hubieren sido condenados por delitos a pena privativa a la libertad y por sentencia ejecutoriada por el término de la condena y los que no estuviesen inscriptos en el padrón electoral de conformidad con lo prescripto en el artículo 3º del Código Nacional Electoral.
ART. 9º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El proyecto que se auspicia tiene el propósito de actualizar y sistematizar las disposiciones legales relativas al tema de la nacionalidad y la ciudadanía.-
Según distintos y calificados constitucionalistas las expresiones nacionalidad y ciudadanía consignadas en la Ley Fundamental son empleadas como términos intercambiables cuando en realidad no significan lo mismo.-
El punto es contemplado en los arts. 8º, 20º, 21º y 75º inc. 12) de la Constitución Nacional.-
Art. 8º: "Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás".
Art. 20º: "Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano... No están obligados a admitir la ciudadanía... Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la Nación".
Art. 21º: "Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria... Los ciudadanos por naturalización son libres de prestar o no este servicio por el término de diez años contados desde el día en que obtengan su carta de ciudadanía".
Art. 75º inc. 12): "Dictar...; y especialmente, leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural (antes de la reforma de 1994 decía ciudadanía natural)... "Acerca de la modificación de este texto constitucional Adolfo Ziulu y Luís Ramírez comentan que "El reemplazo de la mención a la ciudadanía natural por la de la nacionalidad natural consideramos que mejore sustancialmente el entendimiento de la norma constitucional.- Está inspirada en el criterio diferenciador de la nacionalidad y la ciudadanía que sostenemos.- Empero, creemos, que no ha terminado con la sinonimia, toda vez que subsisten inalterados los arts. 8º, 20º y 21º de la Constitución Nacional" (Rev. El Derecho, diario del 26 de Junio de l996).
En el apartado precedente se aludió a que prominentes constitucionalistas habían marcado la confusión en que incurre la Constitución cuando considera términos intercambiables a nacionalidad y ciudadanía a la que cabe agregar que también ocurre similar confusión con el empleo de los vocablos naturalización y carta de ciudadanía.
Entre esos constitucionalistas cabe citar a González Calderón ("Curso de Derecho Constitucional" pag. 263) quién dijo que para la Constitución "ciudadanía es la misma cosa que nacionalidad" y al documento en que consta la nacionalización la Ley Suprema la designa con el nombre de Carta de ciudadanía.
Para Bidart Campos ( "Tratado Elemental de Derecho Constitucional" pags. 94º, 96º y 97º), citando a González Calderón, manifiesta que parece exacta su tesis en el sentido de que la Constitución Argentina equipara nacionalidad y ciudadanía (pag. 94).
Después, el mismo autor, refiriéndose al concepto de nacionalidad distingue entre la nacionalidad "a secas" y la política.- La primera no depende del derecho positivo.- Sería el vínculo que une a un hombre con una nación.- En cambio la nacionalidad política deriva del derecho positivo y es la materia que regula la Constitución.- Esta puede o no coincidir con la nacionalidad a secas.
También Bidart Campos reflexiona acerca de la ciudadanía manifestando que es una cualidad o condición jurídica del individuo consistente en un status jurídico derivado del derecho positivo y cuyo contenido esta dado por el ejercicio de los derechos políticos ( op. cit. pags. 96/97).
En la misma línea, Ramella ( "Derecho Constitucional" p. 250) escribió que "El ejercicio de los derechos políticos es lo que constituye la calidad de ciudadano y que el requisito previo para ser ciudadano es ser nacional por origen o naturalización.
Por su parte Ramella anotó que nacional es el natural de una nación en contraposición a extranjero y que la nacionalidad es el estado propio de la persona nacida o naturalizada en una nación (p. 233).
En resumen, para los autores citados la nacionalidad es un atributo de la persona, un vínculo que une al ciudadano con una nación y la ciudadanía se manifiesta en el ejercicio de los derechos políticos (de elegir y ser elegido) lo cual supone la nacionalidad por origen o naturalización.
A su vez, Bidart Campos y González Calderón coinciden en que la Constitución utiliza las palabras nacionalidad y ciudadanía como términos sinónimos.
Entre los antecedentes nacionales sobre la materia cabe mencionar la Ley de ciudadanía y naturalización Nº 346 que se sancionó en 1869.- Sus aspectos más singulares son:
- Son argentinos (es decir, nacionales) todos los individuos nacidos en la República y los que habiendo nacido en el extranjero pero fueren hijos de argentinos nativos optaren por la ciudadanía de origen (art. 1º).- Como puede apreciarse "ciudadanía" aquí equivale a argentino o nacional.
- Son ciudadanos por naturalización los extranjeros mayores de 18 años que residieren en la República 2 años continuos y manifiesten ante el juez la voluntad de serlo (art. 2º).- Aquí también la palabra "ciudadano" tiene el mismo sentido que nacional.
- Los argentinos (nativos o por naturalización) que hubieren cumplido la edad de 18 años gozan de todos los derechos políticos conforme a la Constitución y a las leyes (art. 7º).- En esta norma no se menciona a la ciudadanía.
La ley 346 fue sustituida por la ley de facto 21.795 de 1978 la que, a su vez, fue derogada por la 23.059 que restableció la vigencia de la 346 con lo que las cosas, al presente, permanecen en el mismo estado de confusión descripto.
Es por ello que la presente propuesta consiste en establecer la distinción de conceptos entre nacionalidad y ciudadanía, pero respetando los principios constitucionales que rigen esta materia (arts. 8º, 20º, 21º, 75º inc. 12).
Sus notas salientes son:
1 - Diferenciación de los conceptos de nacionalidad y ciudadanía;
2 - Acatamiento a las disposiciones del derecho internacional a la que nuestro país ha adherido.- Sobre este aspecto, corresponde mencionar que los tratados internacionales consagran expresamente el derecho humano de poseer una nacionalidad, así como el de cambiar libremente la misma.- En este sentido, la reconocen con tal alcance: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 15º), la Declaración Americana sobre Derechos Humanos (art. 20º); la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 9º) y la Convención sobre Derechos del Niño (art. 7º p. 1).- Dentro de este contexto, no se contempla en la iniciativa la pérdida de la nacionalidad previéndose solamente la suspensión cuando la persona adquiera voluntariamente otra nacionalidad (art. 6º del proyecto).
3 - El hijo de argentino nacido en el extranjero que optare por la nacionalidad argentina cumplirá el trámite correspondiente en sede administrativa ante el Registro Nacional de las Personas (art. 2º).- Pero si permaneciera en el extranjero ejercerá la opción ante el Cónsul argentino del lugar en que estuviere residiendo.- Es esta una diferencia con el extranjero, descendiente de extranjeros, que tiene que acudir a la Justicia Federal para poder adquirir la nacionalización (art. 5º).- También se aclara en el referido art. 2º que se necesita el consentimiento del menor - a partir de los 12 y hasta los 17 años - para que éste opte por la nacionalidad argentina.- De esta forma, se cumple con la directiva que establecen los tratados internacionales en el sentido de reconocer el derecho de elección de la nacionalidad.
4 - Los requisitos que se establecen en el art. 3º para que un extranjero pueda nacionalizarse son los que disponía la ley 346 en el art. 2º y art. 3º del decreto 3212/84.-
Sin embargo, en el articulo 4 inc. b de nuestra iniciativa nos apartamos de lo dispuesto en el art. 3 ap. tercero inciso c) de la reglamentación (decreto 3212/84).- En este precepto se impide la naturalización de quien estuviere procesado o hubiere sido condenado por delito doloso que mereciere una pena privativa de libertad de tres años como mínimo.- De este modo, en la reglamentación vigente citada se es mas severo con quien fuera procesado -respecto del cual impera la presunción de inocencia- que con quien hubiere sido condenado a una pena inferior a los tres años. No se advierte la razonabilidad de esta diferencia que desaparece en nuestro proyecto. O sea que para nosotros esta puesto en un pie de igualdad el procesado y el condenado cualquiera fuera el tiempo de la pena que se le aplicare.
5 - El plazo de residencia que se exige al extranjero es de dos años (cf. art. 20º Constitución Nacional); pero se puede acortar este término alegando y probando servicios a la República.- La ley 346 mencionaba expresamente en su texto - art. 2º inc. 2) puntos 1 al 8 - qué se entendía por servicios prestados a la Nación.- En el proyecto que se auspicia se reserva al Poder Ejecutivo la facultad de precisar estos servicios, pues las circunstancias que determinan los mismos pueden variar, y es preferible modificarlas a través de un decreto y no por el mecanismo de una ley.- Ejemplo de ello es que en el art. 2º inc. 2) punto 1, de la ley 346 se establece la posibilidad de acortar el plazo de dos años de residencia si el extranjero accede a un empleo en la Nación, Provincia o Municipio, pero, precisamente, para poder ingresar a la Administración Pública se necesita ser argentino.- Si bien la Corte Suprema, por vía interpretativa entendió que: "No es irregular pedir la ciudadanía si luego el beneficiario piensa acceder a un empleo público, cargo para el cual se exige dicho recaudo, siempre que se hubieren cumplido con los demás requisitos que la ley exige (LL. 55: 254 y 55: 251)", esta contradicción podría salvarse - siguiendo el criterio propuesto - mediante el dictado de un decreto.
6 - El argentino - nativo, por opción o naturalizado - es ciudadano cuando cumple los dieciocho años y puede ejercer los derechos políticos.- En otras palabras, la ciudadanía coincide con el empadronamiento.- A su vez, quien no este incluido en el padrón electoral de acuerdo con las prescripciones que dispone el Código Nacional Electoral no podrá ejercer estos derechos.- Esta remisión evita repetir las causales dispuestas en el art. 3º de la ley 19.945 manteniendo así la coherencia legislativa con dicho Código.
Sin embargo, la presente iniciativa se aparta de esta remisión cuando se especifica en el texto que "no podrán ejercer la ciudadanía los que hubiesen sido condenados por delitos a pena privativa de libertad (art. 8). Es esta una diferencia con el Código Nacional Electoral que no contempla a los condenados por delitos culposos pues, únicamente, suspende en el ejercicio de los derechos políticos a los condenados por delitos dolosos.- No encontramos fundamento atendible para excluirlos ya que también en estos casos el autor es causante de un daño que se pudo evitar mediante una mayor diligencia que demuestra, en todo caso, una conducta disvaliosa para la sociedad y, en consecuencia, no se lo puede privilegiar con el otorgamiento del ejercicio de los derechos políticos.- Es por ello que se modifica el referido cuerpo legal al quedar comprendido , reiteramos, los delitos culposos entre aquellas causales que suspenden la práctica del derecho de elegir.
7 - Algunos proyectos (por ejemplo el del Diputado Vanossi, Expte. 99-D-90, TP 2) prevén la suspensión y pérdida de los derechos políticos.- Particularmente, la pérdida se produciría por la traición a la patria.- Este último es un ilícito como son todos aquellos que están contemplados en el Código Penal,. por lo que no resulta necesario hacer una mención específica del delito de traición a la patria.- Además, no se prevé la perdida de los derechos políticos y sí solamente la suspensión porque en el especifico de traición a la patria cumplida la pena el afectado recupera el goce de sus derechos políticos en la misma situación que aquellos que hubiesen cumplido condenas por otros motivos.- O sea, no se vislumbra porque debe hacerse una diferencia cuando se supone que el cumplimiento de la condena y el retorno a la sociedad implica un arrepentimiento y rehabilitación de la persona en plenitud.- Es decir, que con un criterio simplificado y para mantener la armonía con el plexo legal relacionado con la materia se hace remisión a las causales que según el código electoral dan lugar a la suspensión de los derechos políticos.
8 - El trámite para obtener la nacionalidad es gratuito (art. 5º) y se promueve ante la Justicia Federal, con excepción de la adquisición de la nacionalización por opción.- En el proyecto tampoco se contemplan detalles procedimentales como por ejemplo los requerimientos que el juez debería efectuar - mediante oficios - a las pertinentes autoridades para acreditar las circunstancias invocadas por quien solicitare la naturalización.- Se estima que la determinación de esos aspectos, que pueden variar según las circunstancias, es más adecuado derivarlos a la reglamentación de la ley cuya eventual modificación es más fácil que la reforma de una ley.
Para finalizar, con el proyecto que se auspicia se pretende cumplir con una deuda pendiente: actualizar la ley 346 que ya tiene más de un siglo de vigencia y respetar el sentido de la reforma del art. 75º inciso 12) de la Constitución Nacional realizada en 1994 que se orienta en el buen cauce al hablar de nacionalidad natural en vez de ciudadanía natural como expresaba el texto de 1853/60.- O sea que el constituyente de 1994 comenzó una tarea de ordenamiento del texto constitucional en esta materia que la presente iniciativa apunta a materializar en la práctica.
Ley de Migraciones
H2>LEY DE MIGRACIONES - nueva - Ley 25.871
B.O. 21/01/04 MIGRACIONES Ley 25.871 - (PLN) Política Migratoria Argentina. Derechos y obligaciones de los extranjeros. Atribuciones del Estado. Admisión de extranjeros a la República Argentina y sus excepciones. Ingreso y egreso de personas. Obligaciones de los medios de transporte internacional. Permanencia de los extranjeros. Legalidad e ilegalidad de la permanencia. Régimen de los recursos. Competencia. Tasas. Argentinos en el exterior. Autoridad de aplicación. Disposiciones complementarias y transitorias.
Sancionada: Diciembre 17 de 2003.
Promulgada de Hecho: Enero 20 de 2004.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
LEY DE MIGRACIONES
TITULO PRELIMINAR
H2>LEY DE MIGRACIONES - nueva - Ley 25.871
B.O. 21/01/04 MIGRACIONES Ley 25.871 - (PLN) Política Migratoria Argentina. Derechos y obligaciones de los extranjeros. Atribuciones del Estado. Admisión de extranjeros a la República Argentina y sus excepciones. Ingreso y egreso de personas. Obligaciones de los medios de transporte internacional. Permanencia de los extranjeros. Legalidad e ilegalidad de la permanencia. Régimen de los recursos. Competencia. Tasas. Argentinos en el exterior. Autoridad de aplicación. Disposiciones complementarias y transitorias.
Sancionada: Diciembre 17 de 2003.
Promulgada de Hecho: Enero 20 de 2004.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
LEY DE MIGRACIONES
TITULO PRELIMINAR
- POLITICA MIGRATORIA ARGENTINA
- CAPITULO I
AMBITO DE APLICACION
ARTICULO 1° — La admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de personas se rigen por las disposiciones de la presente ley y su reglamentación.
ARTICULO 2° — A los fines de la presente ley se entiende por "inmigrante" todo aquel extranjero que desee ingresar, transitar, residir o establecerse definitiva, temporaria o transitoriamente en el país conforme a la legislación vigente.
- CAPITULO II
PRINCIPIOS GENERALES
ARTICULO 3° - Son objetivos de la presente ley:
- Fijar las líneas políticas fundamentales y sentar las bases estratégicas en materia migratoria, y dar cumplimiento a los compromisos internacionales de la República en materia de derechos humanos, integración y movilidad de los migrantes;
- Contribuir al logro de las políticas demográficas que establezca el Gobierno Nacional con respecto a la magnitud, tasa de crecimiento y distribución geográfica de la población del país;
- Contribuir al enriquecimiento y fortalecimiento del tejido cultural y social del país:
- Garantizar el ejercicio del derecho a la reunificación familiar;
- Promover la integración en la sociedad argentina de las personas que hayan sido admitidas como residentes permanentes;
- Asegurar a toda persona que solicite ser admitida en la República Argentina de manera permanente o temporaria, el goce de criterios y procedimientos de admisión no discriminatorios en términos de los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, los convenios bilaterales vigentes y las leyes;
- Promover y difundir las obligaciones, derechos y garantías de los migrantes, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional, los compromisos internacionales y las leyes, manteniendo en alto su tradición humanitaria y abierta con relación a los migrantes y sus familias;
- Promover la inserción e integración laboral de los inmigrantes que residan en forma legal para el mejor aprovechamiento de sus capacidades personales y laborales a fin de contribuir al desarrollo económico y social de país;
- Facilitar la entrada de visitantes a la República Argentina para los propósitos de impulsar el comercio, el turismo, las actividades culturales, científicas, tecnológicas y las relaciones internacionales;
- Promover el orden internacional y la justicia, denegando el ingreso y/o la permanencia en el territorio argentino a personas involucradas en actos reprimidos penalmente por nuestra legislación;
- Promover el intercambio de información en el ámbito internacional, y la asistencia técnica y capacitación de los recursos humanos, para prevenir y combatir eficazmente a la delincuencia organizada trasnacional.
- CAPITULO I
- DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EXTRANJEROS
- CAPITULO I
DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS
ARTICULO 4° - El derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad.
ARTICULO 5° - El Estado asegurará las condiciones que garanticen una efectiva igualdad de trato a fin de que los extranjeros puedan gozar de sus derechos y cumplir con sus obligaciones, siempre que satisfagan las condiciones establecidas para su ingreso y permanencia, de acuerdo a las leyes vigentes.
ARTICULO 6° - El Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social.
ARTICULO 7° - En ningún caso la irregularidad migratoria de un extranjero impedirá su admisión como alumno en un establecimiento educativo, ya sea este público o privado; nacional, provincial o municipal; primario, secundario, terciario o universitario. Las autoridades de los establecimientos educativos deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria.
ARTICULO 8° - No podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Las autoridades de los establecimientos sanitarios deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria.
ARTICULO 9° - Los migrantes y sus familiares tendrán derecho a que el Estado les proporcione información acerca de:
- Sus derechos y obligaciones con arreglo a la legislación vigente;
- Los requisitos establecidos para su admisión, permanencia y egreso;
- Cualquier otra cuestión que le permita o facilite cumplir formalidades administrativas o de otra índole en la República Argentina.
ARTICULO 10. - El Estado garantizará el derecho de reunificación familiar de los inmigrantes con sus padres, cónyuges, hijos solteros menores o hijos mayores con capacidades diferentes.
ARTICULO 11. - La República Argentina facilitará, de conformidad con la legislación nacional y provincial en la materia, la consulta o participación de los extranjeros en las decisiones relativas a la vida pública y a la administración de las comunidades locales donde residan.
ARTICULO 12. - El Estado cumplimentará todo lo establecido en las convenciones internacionales y todas otras que establezcan derechos y obligaciones de los migrantes, que hubiesen sido debidamente ratificadas.
ARTICULO 13. - A los efectos de la presente ley se considerarán discriminatorios todos los actos u omisiones determinados por motivos tales como etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, posición económica o caracteres físicos, que arbitrariamente impidan, obstruyan, restrinjan o de algún modo menoscaben el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y las leyes.
ARTICULO 14. - El Estado en todas sus jurisdicciones, ya sea nacional, provincial o municipal, favorecerá las iniciativas tendientes a la integración de los extranjeros en su comunidad de residencia, especialmente las tendientes a:
- La realización de cursos de idioma castellano en las escuelas e instituciones culturales extranjeras legalmente reconocidas;
- La difusión de información útil para la adecuada inserción de los extranjeros en la sociedad argentina, en particular aquella relativa a sus derechos y obligaciones;
- Al conocimiento y la valoración de las expresiones culturales, recreativas, sociales, económicas y religiosas de los inmigrantes;
- La organización de cursos de formación, inspirados en criterios de convivencia en una sociedad multicultural y de prevención de comportamientos discriminatorios, destinados a los funcionarios y empleados públicos y de entes privados.
ARTICULO 16. - La adopción por el Estado de todas las medidas necesarias y efectivas para eliminar la contratación laboral en el territorio nacional de inmigrantes en situación irregular, incluyendo la imposición de sanciones a los empleadores, no menoscabará los derechos de los trabajadores inmigrantes frente a sus empleadores en relación con su empleo.
ARTICULO 17. - El Estado proveerá lo conducente a la adopción e implementación de medidas tendientes a regularizar la situación migratoria de los extranjeros.
- CAPITULO II
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS INMIGRANTES Y ATRIBUCIONES DEL ESTADO
ARTICULO 18. - Sin perjuicio de los derechos enumerados en la presente ley, los migrantes deberán cumplir con las obligaciones enunciadas en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales adheridos y las leyes vigentes.
ARTICULO 19. - Respecto de cualquier extranjero, la República Argentina podrá orientarlo con respecto a:
a) El acceso a categorías limitadas de empleo, funciones, servicios o actividades, cuando ello sea necesario en beneficio del Estado; b) La elección de una actividad remunerada de conformidad con la legislación relativa a las condiciones de reconocimiento de calificaciones profesionales adheridas fuera del territorio;
c) Las condiciones por las cuales, habiendo sido admitido para ejercer un empleo, pueda luego ser autorizado a realizar trabajos por cuenta propia, teniendo en consideración el período de residencia legal en el país y las demás condiciones establecidas en la reglamentación.
- CAPITULO I
- DE LA ADMISION DE EXTRANJEROS A LA REPUBLICA ARGENTINA Y SUS EXCEPCIONES
- CAPITULO I
DE LAS CATEGORIAS Y PLAZOS DE ADMISION
ARTICULO 20. - Los extranjeros serán admitidos para ingresar y permanecer en el país en las categorías de "residentes permanentes", "residentes temporarios", o "residentes transitorios". Hasta tanto se formalice el trámite correspondiente, la autoridad de aplicación podrá conceder una autorización de "residencia precaria", que será revocable por la misma, cuando se desnaturalicen los motivos que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento. Su validez será de hasta ciento ochenta (180) días corridos, pudiendo ser renovables hasta la resolución de la admisión solicitada, y habilitará a sus titulares para permanecer, salir y reingresar al territorio nacional, trabajar y estudiar durante su período de vigencia.
La extensión y renovación de "residencia precaria" no genera derecho a una resolución favorable respecto de la admisión solicitada.
ARTICULO 21. - Las solicitudes de ingreso al país que se peticionen en el territorio nacional o en el extranjero, deberán formalizarse en las condiciones de la presente ley.
ARTICULO 22. - Se considerará "residente permanente" a todo extranjero que, con el propósito de establecerse definitivamente en el país, obtenga de la Dirección Nacional de Migraciones una admisión en tal carácter. Asimismo, se considerarán residentes permanentes los inmigrantes parientes de ciudadanos argentinos, nativos o por opción, entendiéndose como tales al cónyuge, hijos y padres.
A los hijos de argentinos nativos o por opción que nacieren en el extranjero se les reconoce la condición de residentes permanentes. Las autoridades permitirán su libre ingreso y permanencia en el territorio.
ARTICULO 23. - Se considerarán "residentes temporarios" todos aquellos extranjeros que, bajo las condiciones que establezca la reglamentación, ingresen al país en las siguientes subcategorías:
- Trabajador migrante: quien ingrese al país para dedicarse al ejercicio de alguna actividad lícita, remunerada, con autorización para permanecer en el país por un máximo de tres (3) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples, con permiso para trabajar bajo relación de dependencia;
- Rentista: quien solvente su estadía en el país con recursos propios traídos desde el exterior, de las rentas que éstos produzcan o de cualquier otro ingreso lícito proveniente de fuentes externas. Podrá concederse un término de residencia de hasta tres (3) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples;
- Pensionado: quien perciba de un gobierno o de organismos internacionales o de empresas particulares por servicios prestados en el exterior, una pensión cuyo monto le permita un ingreso pecuniario regular y permanente en el país. Podrá concederse un término de residencia de hasta tres (3) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples;
- Inversionista: quien aporte sus propios bienes para realizar actividades de interés para el país. Podrá concederse un término de residencia de hasta tres (3) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples;
- Científicos y personal especializado: quienes se dediquen a actividades científicas, de investigación, técnicas, o de asesoría, contratados por entidades públicas o privadas para efectuar trabajos de su especialidad. De igual forma, directivos, técnicos y personal administrativo de entidades públicas o privadas extranjeras de carácter comercial o industrial, trasladados desde el exterior para cubrir cargos específicos en sus empresas y que devenguen honorarios o salarios en la República Argentina. Podrá concederse un término de residencia de hasta tres (3) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples;
- Deportistas y artistas: contratados en razón de su especialidad por personas físicas o jurídicas que desarrollan actividades en el país. Podrá concederse un término de residencia de hasta tres (3) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples;
- Religiosos de cultos reconocidos oficialmente, con personería jurídica expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que ingresen al país para desarrollar en forma exclusiva actividades propias de su culto. Podrá concederse un término de residencia de hasta tres (3) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples;
- Pacientes bajo tratamientos médicos: para atender problemas de salud en establecimientos sanitarios públicos o privados, con autorización para permanecer en el país por un año, prorrogable, con entradas y salidas múltiples. En caso de personas menores de edad, discapacitados o enfermos que por la importancia de su patología debieran permanecer con acompañantes, esta autorización se hará extensiva a los familiares directos, representante legal o curador;
- Académicos: para quienes ingresen al país en virtud de acuerdos académicos celebrados entre instituciones de educación superior en áreas especializadas, bajo la responsabilidad del centro superior contratante. Su vigencia será por el término de hasta un (1) año, prorrogable por idéntico período cada uno, con autorización de entradas y salidas múltiples;
- Estudiantes: quienes ingresen al país para cursar estudios secundarios, terciarios, universitarios o especializados reconocidos, como alumnos regulares en establecimientos educativos públicos o privados reconocidos oficialmente, con autorización para permanecer en el país por dos (2) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples.
El interesado deberá demostrar la inscripción en la institución educativa en la que cursará sus estudios y, para las sucesivas renovaciones, certificación de su condición de estudiante regular; - Asilados y refugiados: Aquellos que fueren reconocidos como refugiados o asilados se les concederá autorización para residir en el país por el término de dos (2) años, prorrogables cuantas veces la autoridad de aplicación en materia de asilo y refugio lo estime necesario, atendiendo a las circunstancias que determine la legislación vigente en la materia;
- Nacionalidad: Ciudadanos nativos de Estados Parte del MERCOSUR, Chile y Bolivia, con autorización para permanecer en el país por dos (2) años, prorrogables con entradas y salidas múltiples;
- Razones Humanitarias: Extranjeros que invoquen razones humanitarias que justifiquen a juicio de la Dirección Nacional de Migraciones un tratamiento especial;
- Especiales: Quienes ingresen al país por razones no contempladas en los incisos anteriores y que sean consideradas de interés por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
- Turistas;
- Pasajeros en tránsito;
- Tránsito vecinal fronterizo;
- Tripulantes del transporte internacional;
- Trabajadores migrantes estacionales;
- Académicos;
- Tratamiento Médico;
- Especiales: Extranjeros que invoquen razones que justifiquen a juicio de la Dirección Nacional de Migraciones un tratamiento especial.
ARTICULO 26. - El procedimiento, requisitos y condiciones para ingresar al país, según las categorías y subcategorías mencionadas, serán fijados en el Reglamento de Migraciones.
Si por responsabilidad del organismo interviniente, los trámites demoraran más de lo estipulado, la Dirección Nacional de Migraciones deberá tomar todos los recaudos pertinentes a fin de evitar que los extranjeros, a la espera de la regularización de su residencia en el país, tengan inconvenientes derivados de tal demora.
ARTICULO 27. - Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley, a condición de reciprocidad, los extranjeros que fueren:
- Agentes diplomáticos y los funcionarios consulares acreditados en la República, así como los demás miembros de las Misiones diplomáticas permanentes o especiales y de las oficinas consulares y sus familiares que, en virtud de las normas del Derecho Internacional, estén exentos de las obligaciones relativas a la obtención de una categoría migratoria de admisión;
- Representantes y delegados, así como los demás miembros y sus familiares de las Misiones permanentes o de las Delegaciones ante los Organismos Intergubernamentales con sede en la República o en Conferencias Internacionales que se celebren en ella;
- Funcionarios destinados en Organizaciones Internacionales o Intergubernamentales con sede en la República, así como sus familiares, a quienes los Tratados en los que la República sea parte eximan de la obligación de visación consular;
- Titulares de visas argentinas diplomáticas, oficiales o de cortesía.
En los casos previstos en el presente artículo la Dirección Nacional de Migraciones se limitará al contralor de la documentación en el momento del ingreso o del egreso, dejando constancia en la misma del carácter del ingreso; de la fecha del egreso y del plazo de permanencia en la República.
ARTICULO 28. - Los extranjeros incluidos en Acuerdos o Convenios de Migraciones suscriptos por la República Argentina se regirán por lo dispuesto en los mismos y por esta ley, en el supuesto más favorable para la persona migrante. El principio de igualdad de trato no se considerará afectado por la posibilidad que tiene el Estado, conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes, de firmar acuerdos bilaterales de alcance general y parcial, que permitan atender fenómenos específicos, como el de la migración laboral fronteriza, ni por la posibilidad de establecer esquemas diferenciados de tratamiento entre los países que con la Argentina forman parte de una región respecto de aquellos países que resulten terceros dentro del proceso de regionalización, priorizando las medidas necesarias para el logro del objetivo final de la libre circulación de personas en el MERCOSUR.
- CAPITULO II
DE LOS IMPEDIMENTOS
ARTICULO 29. - Serán causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros al Territorio Nacional:
- La presentación ante la autoridad de documentación nacional o extranjera material o ideológicamente falsa o adulterada. El hecho será sancionado con una prohibición de reingreso por un lapso mínimo de cinco (5) años;
- Tener prohibido el ingreso, haber sido objeto de medidas de expulsión o de prohibición de reingreso, hasta tanto las mismas no hayan sido revocadas o se hubiese cumplido el plazo impuesto al efecto;
- Haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más;
- Haber incurrido o participado en actos de gobierno o de otro tipo, que constituyan genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad y de todo otro acto susceptible de ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional;
- Tener antecedentes por actividades terroristas o por pertenecer a organizaciones nacional o internacionalmente reconocidas como imputadas de acciones susceptibles de ser juzgadas por el Tribunal Penal Internacional o por la ley 23.077, de Defensa de la Democracia;
- Haber sido condenado en la Argentina o tener antecedentes por promover o facilitar, con fines de lucro, el ingreso, la permanencia o el egreso ilegales de extranjeros en el Territorio Nacional;
- Haber sido condenado en la Argentina o tener antecedentes por haber presentado documentación material o ideológicamente falsa, para obtener para sí o para un tercero un beneficio migratorio;
- Promover la prostitución; lucrar con ello; haber sido condenado o tener antecedentes, en la Argentina o en el exterior por haber promovido la prostitución; por lucrar con ello o por desarrollar actividades relacionadas con el tráfico o la explotación sexual de personas;
- Intentar ingresar o haber ingresado al Territorio Nacional eludiendo el control migratorio o por lugar o en horario no habilitados al efecto;
- Constatarse la existencia de alguno de los impedimentos de radicación establecidos en la presente ley;
- El incumplimiento de los requisitos exigidos por la presente ley.
La Dirección Nacional de Migraciones, previa intervención del Ministerio del Interior, podrá admitir, excepcionalmente, por razones humanitarias o de reunificación familiar, en el país en las categorías de residentes permanentes o temporarios, mediante resolución fundada en cada caso particular, a los extranjeros comprendidos en el presente artículo.
- CAPITULO III
DE LOS DOCUMENTOS
ARTICULO 30. - Podrán obtener el Documento Nacional de Identidad, los extranjeros con residencia permanente o temporaria.
ARTICULO 31. - Los solicitantes de refugio o asilo, con autorización de residencia precaria, podrán obtener su Documento Nacional de Identidad una vez reconocidos como "refugiados" o "asilados" por la autoridad competente.
ARTICULO 32. - Cuando se trate de extranjeros autorizados en calidad de "residentes temporarios’’ el Documento Nacional de Identidad se expedirá por el mismo plazo que corresponda a la subcategoría migratoria otorgada, renovable conforme a las prórrogas que se autoricen.
ARTICULO 33. - En los casos precedentes, en el documento identificatorio a otorgarse, deberá dejarse expresa y visible constancia de:
- La nacionalidad del titular;
- El carácter permanente o temporario de la residencia en el país;
- Actuación en la que se otorgó el beneficio y número de resolución;
- Plazo de la residencia autorizada y vencimiento.
- CAPITULO I
- DEL INGRESO Y EGRESO DE PERSONAS
- CAPITULO I
DEL INGRESO Y EGRESO
ARTICULO 34. - El ingreso y egreso de personas al territorio nacional se realizará exclusivamente por los lugares habilitados por la Dirección Nacional de Migraciones, sean éstos terrestres, fluviales, marítimos o aéreos, oportunidad y lugar en que serán sometidos al respectivo control migratorio.
Se podrá autorizar la entrada al país de los extranjeros que no reúnan los requisitos establecidos en la ley y su reglamentación, cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por la Argentina.
ARTICULO 35. - En el supuesto de arribar una persona al territorio de la República con un documento extranjero destinado a acreditar su identidad que no cumpliera las condiciones previstas en la legislación vigente, y en tanto no se trate de un reingreso motivado por un rechazo de un tercer país, se procederá al inmediato rechazo en frontera impidiéndosele el ingreso al territorio nacional.
Aquellos rechazos que se produjeran motivados en la presentación de documentación material o ideológicamente falsa o que contengan atestaciones apócrifas implicarán una prohibición de reingreso de cinco (5) años.
Sin perjuicio de los procedimientos previstos en el presente artículo, el Gobierno Nacional se reserva la facultad de denunciar el hecho ante la Justicia Federal cuando se encuentren en juego cuestiones relativas a la seguridad del Estado, a la cooperación internacional, o resulte posible vincular al mismo o a los hechos que se le imputen, con otras investigaciones sustanciadas en el territorio nacional.
Cuando existiera sospecha fundada que la real intención que motiva el ingreso difiere de la manifestada al momento de obtener la visa o presentarse ante el control migratorio; y hasta tanto se corrobore la misma, no se autorizará su ingreso al territorio argentino y deberá permanecer en las instalaciones del punto de ingreso. Si resultare necesario para preservar la salud e integridad física de la persona, la autoridad migratoria, reteniendo la documentación de la misma, le otorgará una autorización provisoria de permanencia que no implicará ingreso legal a la República Argentina.
Asimismo se comunicará a la empresa transportadora que se mantiene vigente su obligación de reconducción hasta tanto la autorización provisoria de permanencia sea transformada en ingreso legal.
Si tras la corroboración se confirmara el hecho se procederá a la inmediata cancelación de la autorización provisoria de permanencia y al rechazo del extranjero.
Las decisiones adoptadas en virtud de las previsiones contenidas en los párrafos primero y segundo del presente artículo sólo resultarán recurribles desde el exterior, mediante presentación efectuada por el extranjero ante las delegaciones diplomáticas argentinas o las oficinas en el extranjero de la Dirección Nacional de Migraciones, desde donde se harán llegar a la sede central de la Dirección Nacional de Migraciones. El plazo para presentar el recurso será de quince (15) días a contar del momento del rechazo.
ARTICULO 36. - La autoridad migratoria podrá impedir la salida del país a toda persona que no se encuentre en posesión de la documentación necesaria, conforme a lo dispuesto por esta ley y su reglamentación.
ARTICULO 37. - El extranjero que ingrese a la República por lugar no habilitado a tal efecto, o eludiendo cualquier forma de contralor migratorio, será pasible de expulsión en los términos y condiciones de la presente ley.
- CAPITULO II
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL
ARTICULO 38. - El capitán, comandante, armador, propietario, encargado o responsable de todo medio de transporte de personas, para o desde la República, ya sea marítimo, fluvial, aéreo o terrestre, y las compañías, empresas o agencias propietarias, explotadoras o consignatarias de un medio de transporte serán responsables solidariamente de la conducción y transporte de pasajeros y tripulantes en condiciones reglamentarias.
ARTICULO 39. - De igual forma y modo, los mencionados en el artículo anterior, serán responsables por el cuidado y custodia de los pasajeros y tripulantes, hasta que hayan pasado el examen de contralor migratorio y hayan ingresado en la República, o verificada la documentación al egresar.
ARTICULO 40. - Al rehusar la autoridad migratoria el ingreso de cualquier persona, el capitán, comandante, armador, propietario, encargado o responsable del medio de transporte y de las compañías, empresas o agencias, quedarán obligados a reconducirla a su país de origen o procedencia, o fuera del territorio de la República en el medio de transporte en que llegó, o en caso de imposibilidad, en otro medio dentro del plazo perentorio que se le fije, siendo a su cargo los gastos que ello ocasione.
ARTICULO 41. - El capitán, comandante, armador, propietario, encargado o responsable de un medio de transporte de personas al país, o desde el mismo o en el mismo, ya sea marítimo, fluvial, aéreo o terrestre, o la compañía, empresa o agencia propietaria, consignataria, explotadora o responsable, quedan obligados solidariamente a transportar a su cargo, en el plazo que se le fije, fuera del territorio argentino, o hasta el lugar de frontera, a todo extranjero cuya expulsión resuelva y su transporte disponga la autoridad migratoria, de conformidad con lo establecido en la presente ley.
ARTICULO 42. - Los artículos precedentes no serán de aplicación en el supuesto de extranjeros que soliciten el status de refugio o asilo en el país; en estos casos, la obligación para las personas que describen los artículos 40 y 41 se reducirá a dar cuenta de inmediato de tal situación a la autoridad con competencia en materia de refugio y asilo.
ARTICULO 43. - La obligación de transporte establecida en los artículos 40 y 41 se limitará a:
a) Una (1) plaza por viaje, cuando la capacidad del medio de transporte no exceda de cincuenta (50) plazas en los medios internacionales aéreos, marítimos, fluviales o terrestres y en los de carácter interno, cuando la capacidad no exceda de treinta (30) plazas;
b) Dos (2) plazas cuando la capacidad del medio de transporte fuera superior a la indicada para cada caso en el inciso a);
c) Cuando la expulsión se motivara en fallas en la documentación de ingreso del extranjero detectadas al momento de controlar el mismo y debiera efectivizarse con custodia, la empresa de transporte utilizada para el ingreso deberá hacerse cargo de los pasajes de ida y vuelta del personal de custodia y de los viáticos que le correspondieran.
En todos los casos deberá preverse expresamente el mecanismo de intereses que correspondiere.
ARTICULO 44. - El límite dispuesto por el artículo anterior no regirá cuando las personas a transportar:
- Integren un grupo familiar;
- Deban ser transportadas por la misma compañía a la cual pertenece el medio en el que ingresaron;
- Sean de la nacionalidad del país de bandera o matrícula del medio en que se efectuará el transporte.
ARTICULO 46. - El incumplimiento de las disposiciones previstas en el presente Título y sus reglamentaciones, será sancionado por la Dirección Nacional de Migraciones con una multa cuyo monto será de hasta el triple de la tarifa en el medio de transporte utilizado desde el punto de origen hasta el punto de destino en territorio nacional, al valor vigente al momento de la imposición de la multa. En ningún caso las multas podrán ser inferiores al equivalente a mil doscientos diecinueve (1.219) litros de gasoil al precio subsidiado para transportistas o en ausencia de éste al más bajo del mercado para consumidor particular al día de la imposición de la multa; ni superiores al equivalente a treinta mil cuatrocientos ochenta y siete (30.487) litros de gasoil al precio subsidiado para transportistas o en ausencia de éste al más bajo del mercado para consumidor particular al día de la imposición de la multa.
En caso de mora en el pago de la multa se devengarán los correspondientes intereses.
ARTICULO 47. - La sanción será aplicada solidariamente al capitán, comandante, armador, propietario, encargado o responsable del medio de transporte y a la compañía, empresa o agencia propietaria, explotadora, consignataria o responsable del mismo.
El Ministerio del Interior, a propuesta de la Dirección Nacional de Migraciones, aprobará el nomenclador regulador del monto de las multas impuestas por infracciones a las previsiones del presente título. A tal efecto se tendrán en cuenta la naturaleza de la infracción, la condición jurídica del infractor, sus antecedentes y reincidencias en las infracciones a la presente ley o su reglamentación.
La Dirección Nacional de Migraciones queda facultada a fijar la forma y modo de pago de las multas que se impongan en función de las previsiones de la presente ley.
ARTICULO 48. - En los casos de incumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 40, 41, 43 y 44 de la presente, la autoridad de aplicación podrá disponer la interdicción provisoria de salida del territorio nacional, espacio aéreo o aguas jurisdiccionales argentinas, del medio de transporte correspondiente.
La misma se hará efectiva por medio de la Policía Migratoria Auxiliar o la Autoridad Nacional con jurisdicción sobre el transporte.
ARTICULO 49. - Podrán imponerse cauciones reales en efectivo o documentarias a las empresas, compañías o agencias propietarias, consignatarias, explotadoras o responsables de cualquier medio de transporte, en garantía del cumplimiento de las obligaciones de reconducir o transportar que se dicten en virtud de lo dispuesto por la presente ley.
ARTICULO 50. - La autoridad de aplicación establecerá el monto de las cauciones y las modalidades, plazos y condiciones de su prestación, así como los requisitos para su cancelación, devolución o percepción.
- CAPITULO I
- DE LA PERMANENCIA DE LOS EXTRANJEROS
- CAPITULO I
DEL TRABAJO Y ALOJAMIENTO DE LOS EXTRANJEROS
ARTICULO 51. - Los extranjeros admitidos o autorizados como "residentes permanentes" podrán desarrollar toda tarea o actividad remunerada o lucrativa, por cuenta propia o en relación de dependencia, gozando de la protección de las leyes que rigen la materia. Los extranjeros admitidos o autorizados como "residentes temporarios" podrán desarrollarlas sólo durante el período de su permanencia autorizada.
ARTICULO 52. - Los extranjeros admitidos o autorizados como "residentes transitorios" no podrán realizar tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por cuenta propia o en relación de dependencia, con excepción de los incluidos en la subcategoría de "trabajadores migrantes estacionales", o salvo que fueran expresamente autorizados por la Dirección Nacional de Migraciones de conformidad con lo dispuesto por la presente ley o en Convenios de Migraciones suscriptos por la República Argentina. Los extranjeros a los que se le hubiera autorizado una residencia precaria podrán ser habilitados para trabajar por el plazo y con las modalidades que establezca la Dirección Nacional de Migraciones.
ARTICULO 53. - Los extranjeros que residan irregularmente en el país no podrán trabajar o realizar tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por cuenta propia o ajena, con o sin relación de dependencia.
ARTICULO 54. - Los extranjeros mantendrán actualizados ante la Dirección Nacional de Migraciones, por la vía y plazos que se indique en la reglamentación, los datos referidos a su domicilio, en donde se considerarán válidas todas las notificaciones.
- CAPITULO II
DE LAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS DADORES DE TRABAJO, ALOJAMIENTO Y OTROS
ARTICULO 55. - No podrá proporcionarse alojamiento a titulo oneroso a los extranjeros que se encuentren residiendo irregularmente en el país. Asimismo, ninguna persona de existencia visible o ideal, pública o privada, podrá proporcionar trabajo u ocupación remunerada, con o sin relación de dependencia, a los extranjeros que residan irregularmente.
ARTICULO 56. - La aplicación de la presente ley no eximirá al empleador o dador de trabajo del cumplimiento de las obligaciones emergentes de la legislación laboral respecto del extranjero, cualquiera sea su condición migratoria; asimismo, en ningún modo se afectarán los derechos adquiridos por los extranjeros, como consecuencia de los trabajos ya realizados, cualquiera sea su condición migratoria.
ARTICULO 57. - Quien contrate o convenga con extranjeros que residan irregularmente en el país, la adquisición, venta o constitución de gravamen sobre bienes inmuebles, derechos o muebles registrables, o la constitución o integración de sociedades civiles o comerciales, deberá comunicarlo fehacientemente a la autoridad migratoria.
ARTICULO 58. - Los actos celebrados con los requisitos formales inherentes a los mismos, aún cuando no se cumpliere con la exigencia del artículo anterior, serán considerados válidos.
ARTICULO 59. - Quienes infrinjan las disposiciones establecidas en el artículo 55, primer párrafo de la presente, serán sancionados solidariamente con una multa cuyo monto ascenderá a veinte (20) Salarios Mínimo Vital y Móvil por cada extranjero al que se proporcione alojamiento a título oneroso.
Quienes infrinjan las disposiciones establecidas en el artículo 55, segundo párrafo de la presente, serán sancionados solidariamente con una multa cuyo monto ascenderá a cincuenta (50) Salarios Mínimo Vital y Móvil por cada extranjero, carente de habilitación migratoria para trabajar, al que se proporcione trabajo u ocupación remunerada.
El monto de la sanción a imponer será de cien (100) Salarios Mínimo Vital y Móvil cuando se proporcione trabajo u ocupación remunerada a extranjeros no emancipados o menores de catorce (14) años.
La reincidencia se considerará agravante de la infracción y elevará el monto de la multa impuesta hasta en un cincuenta por ciento (50%).
La Dirección Nacional de Migraciones mediando petición del infractor que acredite falta de medios suficientes podrá excepcionalmente, mediante disposición fundada, disponer para el caso concreto una disminución del monto de la multa a imponer o autorizar su pago en cuotas. A tal efecto se merituará la capacidad económica del infractor y la posible reincidencia que pudiera registrar en la materia.
En ningún caso la multa que se imponga será inferior a dos (2) Salarios Mínimos Vital y Móvil.
Facúltase al Ministerio del Interior a establecer mecanismos alternativos de sanciones a las infracciones previstas en el presente Título -De las responsabilidades de los empleadores, dadores de trabajo y alojamiento-, basadas en la protección del migrante, la asistencia y acción social.
ARTICULO 60. - Las sanciones serán graduadas de acuerdo con la naturaleza de la infracción, la persona, antecedentes en la materia y en caso de reincidencia en las infracciones a la presente ley, las mismas serán acumulativas y progresivas.
- CAPITULO I
TITULO V
- DE LA LEGALIDAD E ILEGALIDAD DE LA PERMANENCIA
- CAPITULO I
DE LA DECLARACION DE ILEGALIDAD Y CANCELACION DE LA PERMANENCIA
ARTICULO 61. - Al constatar la irregularidad de la permanencia de un extranjero en el país, y atendiendo a las circunstancias de profesión del extranjero, su parentesco con nacionales argentinos, el plazo de permanencia acreditado y demás condiciones personales y sociales, la Dirección Nacional de Migraciones deberá conminarlo a regularizar su situación en el plazo perentorio que fije para tal efecto, bajo apercibimiento de decretar su expulsión. Vencido el plazo sin que se regularice la situación, la Dirección Nacional de Migraciones decretará su expulsión con efecto suspensivo y dará intervención y actuará como parte ante el Juez o Tribunal con competencia en la materia, a efectos de la revisión de la decisión administrativa de expulsión.
ARTICULO 62. - La Dirección Nacional de Migraciones, sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondieran deducir, cancelará la residencia que hubiese otorgado, con efecto suspensivo, cualquiera fuese su antigüedad, categoría o causa de la admisión y dispondrá la posterior expulsión, cuando:
- Con la finalidad de obtener un beneficio migratorio o la ciudadanía argentina se hubiese articulado un hecho o un acto simulado o éste hubiese sido celebrado en fraude a la ley o con vicio del consentimiento o se hubiere presentado documentación material o ideológicamente falsa o adulterada;
- El residente hubiese sido condenado judicialmente en la República por delito doloso que merezca pena privativa de libertad mayor de cinco (5) años o registrase una conducta reiterante en la comisión de delitos. En el primer supuesto cumplida la condena, deberá transcurrir un plazo de dos (2) años para que se dicte la resolución definitiva de cancelación de residencia, la que se fundamentará en la posible incursión por parte del extranjero en los impedimentos previstos en el artículo 29 de la presente ley. En caso de silencio de la Administración, durante los treinta (30) días posteriores al vencimiento de dicho plazo, se considerará que la residencia queda firme;
- El beneficiario de una radicación permanente hubiese permanecido fuera del Territorio Nacional por un período superior a los dos (2) años o la mitad del plazo acordado, si se tratara de residencia temporaria, excepto que la ausencia obedeciere al ejercicio de una función pública argentina o se hubiese generado en razón de actividades, estudios o investigaciones que a juicio de la Dirección Nacional de Migraciones pudieran ser de interés o beneficiosa para la República Argentina o que mediara autorización expresa de la autoridad migratoria la que podrá ser solicitada por intermedio de las autoridades consulares argentinas;
- Asimismo será cancelada la residencia permanente, temporaria o transitoria concedida cuando se hayan desnaturalizado las razones que motivaron su concesión o cuando la instalación en el país hubiera sido subvencionada total o parcialmente, directa o indirectamente por el Estado Argentino y no se cumplieran o se violaren las condiciones expresamente establecidas para la subvención;
- El Ministerio del Interior podrá disponer la cancelación de la residencia permanente o temporaria y la expulsión de la República de todo extranjero, cualquiera sea la situación de residencia, cuando realizare en el país o en el exterior, cualquiera de las actividades previstas en los incisos d) y e) del artículo 29 de la presente.
Asimismo, dicha dispensa podrá ser otorgada teniendo en cuenta el plazo de permanencia, legal inmediata anterior a la ocurrencia de alguna de las causales previstas en los incisos a) a d) del presente artículo, el que no podrá ser inferior a dos (2) años, debiendo tenerse en cuenta las circunstancias personales y sociales del beneficiario.
ARTICULO 63. - En todos los supuestos previstos por la presente ley:
- La cancelación de la residencia conlleva la conminación a hacer abandono del país dentro del plazo que se fije o la expulsión del Territorio Nacional tomando en consideración las circunstancias fácticas y personales del interesado, según lo establezca la Reglamentación;
- La expulsión lleva implícita la prohibición de reingreso permanente o por un término que en ningún caso podrá ser inferior a cinco (5) años y se graduará según la importancia de la causa que la motivara. Dicha prohibición sólo podrá ser dispensada por la Dirección Nacional de Migraciones.
- Extranjeros que se encontraren cumpliendo penas privativas de libertad, cuando se hubieran cumplido los supuestos establecidos en los acápites I y II del artículo 17 de la ley 24.660 que correspondieren para cada circunstancia. La ejecución del extrañamiento dará por cumplida la pena impuesta originalmente por el Tribunal competente;
- Extranjeros sometidos a proceso, cuando sobre los mismos recayere condena firme de ejecución condicional. La ejecución del extrañamiento dará por cumplida la pena impuesta originalmente por el Tribunal competente;
- El procesamiento de un extranjero sobre el que pesa orden administrativa de expulsión firme y consentida, en cuyo caso no procederá el otorgamiento del beneficio de la suspensión del juicio a prueba o de medidas curativas, las que serán reemplazadas por la ejecución del extrañamiento, dándose por cumplida la carga impuesta al extranjero.
ARTICULO 66. - Los extranjeros y sus familiares no podrán ser objeto de medidas de expulsión colectiva. Cada caso de expulsión será examinado y decidido individualmente.
ARTICULO 67. - La expulsión no menoscabará por sí sola ninguno de los derechos que haya adquirido el migrante de conformidad con la legislación nacional, incluido el derecho a recibir los salarios y toda otra prestación que le pudiere corresponder.
ARTICULO 68. - El interesado deberá contar con oportunidad razonable, aún después de la partida, para reclamar lo concerniente al pago de los salarios y otras prestaciones que le pudieren corresponder, así como para cumplimentar sus obligaciones pendientes. Los gastos a que dé lugar el procedimiento de expulsión de un migrante o un familiar suyo estarán a cargo de la autoridad de aplicación. Podrá exigírsele que pague sus propios gastos de viaje desde el puesto de salida hasta su lugar de destino, sin perjuicio de lo previsto en el Título III.
ARTICULO 69. - A aquellos extranjeros a quienes se impidiere hacer abandono del país por disposición judicial, la autoridad de migración les concederá autorización de "residencia precaria".
- CAPITULO II
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
ARTICULO 70. - Firme y consentida la expulsión de un extranjero, el Ministerio del Interior o la Dirección Nacional de Migraciones, solicitarán a la autoridad judicial competente que ordene su retención, mediante resolución fundada, al solo y único efecto de cumplir aquélla.
Excepcionalmente y cuando las características del caso lo justificare, la Dirección Nacional de Migraciones o el Ministerio del Interior podrán solicitar a la autoridad judicial la retención del extranjero aún cuando la orden de expulsión no se encuentre firme y consentida.
Producida tal retención y en el caso que el extranjero retenido alegara ser padre, hijo o cónyuge de argentino nativo, siempre que el matrimonio se hubiese celebrado con anterioridad al hecho que motivara la resolución, la Dirección Nacional de Migraciones deberá suspender la expulsión y constatar la existencia del vínculo alegado en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles. Acreditado que fuera el vínculo el extranjero recuperará en forma inmediata su libertad y se habilitará respecto del mismo, un procedimiento sumario de regularización migratoria.
En todos los casos el tiempo de retención no podrá exceder el estrictamente indispensable para hacer efectiva la expulsión del extranjero. Producida la retención, se dará inmediato conocimiento de la misma al Juzgado que hubiere dictado la orden a tal efecto.
ARTICULO 71. - Hecha efectiva la retención de un extranjero, la autoridad de aplicación, podrá disponer su libertad provisoria bajo caución real o juratoria que fijen en cada caso, cuando no pueda realizarse la expulsión en un plazo prudencial o medien causas que lo justifiquen. Dicha decisión deberá ser puesta en conocimiento del Juez Federal competente en forma inmediata.
ARTICULO 72. - La retención se hará efectiva por los organismos integrantes de la policía migratoria auxiliar, los que alojarán a los detenidos en sus dependencias o donde lo disponga la Dirección Nacional de Migraciones, hasta su salida del territorio nacional.
Cuando por razones de seguridad o por las condiciones personales del expulsado, se haga necesaria su custodia hasta el lugar de destino, la autoridad migratoria podrá disponerla y requerirla de la policía migratoria auxiliar. En caso de necesidad, podrá solicitar asistencia médica.
ARTICULO 73. - Las personas, compañías, empresas, asociaciones o sociedades que solicitaren el ingreso, la permanencia o la regularización de la situación migratoria de un extranjero en el país, deberán presentar caución suficiente, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.
- CAPITULO I
- DEL REGIMEN DE LOS RECURSOS
- CAPITULO I
DEL REGIMEN DE LOS RECURSOS
ARTICULO 74. - Contra las decisiones de la Dirección Nacional de Migraciones que revistan carácter de definitivas o que impidan totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del interesado y contra los interlocutorios de mero trámite que lesionen derechos subjetivos o un interés legítimo, procederá la revisión en sede administrativa y judicial, cuando:
- Se deniegue la admisión o la permanencia de un extranjero;
- Se cancele la autorización de residencia permanente, temporaria o transitoria;
- Se conmine a un extranjero a hacer abandono del país o se decrete su expulsión;
- Se resuelva la aplicación de multas y cauciones o su ejecución.
Dicho recurso se interpondrá contra los actos dictados por la Dirección Nacional de Migraciones y serán resueltos por ésta.
En el caso de que el acto hubiese sido dictado por autoridad delegada, ésta será quien resuelva, sin perjuicio del derecho de avocación de la mencionada Dirección, salvo que la delegación hubiere cesado al tiempo de deducirse el recurso, supuesto en el cual resolverá el delegante.
El Recurso de Reconsideración deberá deducirse dentro de los diez (10) días hábiles de la notificación fehaciente del acto y ante el mismo órgano que lo dictó.
ARTICULO 76. - La autoridad competente deberá resolver el Recurso de Reconsideración deducido, dentro de los treinta (30) días hábiles de su interposición. Vencido dicho plazo sin que hubiere una resolución al respecto, podrá reputarse denegado tácitamente, sin necesidad de requerir pronto despacho.
ARTICULO 77. - El Recurso de Reconsideración lleva implícito el Recurso Jerárquico en Subsidio en el caso de decisiones adoptadas por autoridad delegada. Conforme a ello, cuando la reconsideración hubiese sido rechazada -expresa o tácitamente- las actuaciones deberán elevarse a la Dirección Nacional de Migraciones dentro del término de cinco (5) días hábiles, de oficio - supuesto de denegatoria expresa- o a petición de parte -supuesto de silencio-.
Dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida por la Dirección Nacional de Migraciones, el interesado podrá mejorar o ampliar los fundamentos del recurso.
ARTICULO 78. - Los actos administrativos que resuelvan sobre las cuestiones enumeradas en el artículo 74, podrán también ser objeto del Recurso Jerárquico a interponerse ante la autoridad emisora del acto recurrido dentro de los quince (15) días hábiles de su notificación fehaciente, y será elevado de oficio y dentro del término de cinco (5) días hábiles a la Dirección Nacional de Migraciones.
El Organismo citado deberá resolver el Recurso Jerárquico dentro de los treinta (30) días hábiles contados desde la recepción de las actuaciones.
La interposición del Recurso Jerárquico no requiere la previa deducción del Recurso de Reconsideración.
Si se hubiere interpuesto éste, no será indispensable fundar nuevamente el Jerárquico.
ARTICULO 79. - Contra los actos dispuestos por la Dirección Nacional de Migraciones en los términos del Artículo 74, procederá a opción del interesado, el recurso administrativo de alzada o el recurso judicial pertinente.
ARTICULO 80. - La elección de la vía judicial hará perder la administrativa; pero la interposición del recurso de alzada no impedirá desistirlo en cualquier estado a fin de promover la acción judicial, ni obstará a que se articule ésta una vez resuelto el recurso administrativo.
ARTICULO 81. - El Ministro del Interior será competente para resolver en definitiva el recurso de alzada.
ARTICULO 82. - La interposición de recursos, administrativos o judiciales, en los casos previstos en el artículo 74, suspenderá la ejecución de la medida dictada hasta tanto la misma quede firme.
ARTICULO 83. - En los casos no previstos en este Título, serán de aplicación supletoria las disposiciones de la ley 19.549, el Decreto N° 1759/72 y sus modificaciones.
ARTICULO 84. - Agotada la vía administrativa a través de los Recursos de Reconsideración, Jerárquico o Alzada, queda expedita la vía recursiva judicial.
El plazo para la interposición del respectivo recurso, será de treinta (30) días hábiles a contar desde la notificación fehaciente al interesado.
ARTICULO 85. - La parte interesada podrá solicitar judicialmente se libre orden de pronto despacho, la cual será procedente cuando la autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos fijados o, en caso de no existir éstos, si hubiere transcurrido un plazo que exceda lo razonable para dictaminar. Presentado el pedido, el juez debe expedirse sobre su procedencia teniendo en cuenta las circunstancias del caso y, de entenderlo procedente, requerirá a la autoridad administrativa interviniente un informe acerca de las causas de la demora invocada, fijándole para ello un plazo. La decisión judicial será inapelable. Contestado el requerimiento o vencido el plazo para hacerlo sin haber obtenido la resolución pertinente, el juez resolverá lo que corresponda con relación a la mora, librando -en su caso- la orden correspondiente a fin de que la autoridad administrativa responsable despache las actuaciones en el plazo que se establezca de acuerdo con la naturaleza y complejidad del caso pendiente.
ARTICULO 86. - Los extranjeros que se encuentren en territorio nacional y que carezcan de medios económicos, tendrán derecho a asistencia jurídica gratuita en aquellos procedimientos administrativos y judiciales que puedan llevar a la denegación de su entrada, al retorno a su país de origen o a la expulsión del territorio argentino. Además tendrán derecho a la asistencia de intérprete/ s si no comprenden o hablan el idioma oficial. Las reglamentaciones a la presente, que en su caso se dicten, deberán resguardar el ejercicio del Derecho Constitucional de defensa.
ARTICULO 87. - La imposibilidad de pago de las tasas establecidas para la interposición de recursos no podrán obstaculizar el acceso al régimen de recursos establecido en el presente Título.
ARTICULO 88. - La imposibilidad del pago de la tasa prevista para la interposición de los recursos, no será obstáculo para acceder al régimen recursivo previsto en el presente capítulo.
ARTICULO 89. - El recurso judicial previsto en el artículo 84, como la consecuente intervención y decisión del órgano judicial competente para entender respecto de aquéllos, se limitarán al control de legalidad, debido proceso y de razonabilidad del acto motivo de impugnación.
- CAPITULO II
DE LA REVISION DE LOS ACTOS DECISORIOS
ARTICULO 90. - El Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Migraciones podrán rever, de oficio o a petición de parte, sus resoluciones y las de las autoridades que actúen por delegación. Serán susceptibles de revisión las decisiones cuando se comprueben casos de error, omisión o arbitrariedad manifiesta, violaciones al debido proceso, o cuando hechos nuevos de suficiente entidad justifiquen dicha medida.
- CAPITULO III
DEL COBRO DE MULTAS
ARTICULO 91. - Las multas que se impongan en virtud de lo dispuesto por la presente ley, deberán ser abonadas dentro del plazo, en el lugar, forma y destino que determine la reglamentación.
ARTICULO 92. - Contra las resoluciones que dispongan la sanción, multa o caución, procederá el recurso jerárquico previsto en los artículos 77 y 78, o el judicial contemplado en el artículo 84 de la presente. Este último deberá interponerse acreditando fehacientemente el previo depósito de la multa o cumplimiento de la caución impuesta.
ARTICULO 93. - Cuando las multas impuestas de acuerdo con la presente ley no hubiesen sido satisfechas temporáneamente, la Dirección Nacional de Migraciones, perseguirá su cobro judicial, por vía de ejecución fiscal, dentro del término de sesenta (60) días de haber quedado firmes.
La certificación emanada de dicho organismo será título ejecutivo suficiente a tales efectos.
La Justicia Federal será competente para entender en la vía ejecutiva.
ARTICULO 94. - A los fines previstos en el artículo anterior, y en los casos en que deba presentarse ante jueces y tribunales, la Dirección Nacional de Migraciones tendrá personería para actuar en juicio.
ARTICULO 95. - Los domicilios constituidos en las respectivas actuaciones administrativas serán válidos en el procedimiento judicial.
- CAPITULO IV
DE LA PRESCRIPCION
ARTICULO 96. - Las infracciones reprimidas con multas, prescribirán a los dos (2) años.
ARTICULO 97. - La prescripción se interrumpirá por la comisión de una nueva infracción o por la secuela del procedimiento administrativo o judicial.
- CAPITULO I
- COMPETENCIA
- ARTICULO 98. - Serán competentes para entender en lo dispuesto en los Títulos V y VI los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal o los Juzgados Federales del interior del país, hasta tanto se cree un fuero específico en materia migratoria.
- DE LAS TASAS TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS
- ARTICULO 99. - El Poder Ejecutivo nacional determinará los actos de la Dirección Nacional de Migraciones que serán gravados con tasas retributivas de servicios, estableciendo los montos, requisitos y modos de su percepción.
ARTICULO 100. - Los servicios de inspección o de contralor migratorio que la Dirección Nacional de Migraciones preste en horas o días inhábiles o fuera de sus sedes, a los medios de transporte internacional que lleguen o que salgan de la República, se encontrarán gravados por las tasas que fije el Poder Ejecutivo al efecto.
ARTICULO 101. - Los fondos provenientes de las tasas percibidas de acuerdo con la presente ley, serán depositados en el lugar y la forma establecidos por la reglamentación.
- ARTICULO 99. - El Poder Ejecutivo nacional determinará los actos de la Dirección Nacional de Migraciones que serán gravados con tasas retributivas de servicios, estableciendo los montos, requisitos y modos de su percepción.
- DE LOS ARGENTINOS EN EL EXTERIOR
- ARTICULO 102. - El gobierno de la República Argentina podrá suscribir convenios con los Estados en los que residan emigrantes argentinos para asegurarles la igualdad o asimilación de los derechos laborales y de seguridad social que rijan en el país receptor. Dichos tratados deberán asimismo garantizar a los emigrantes la posibilidad de efectuar remesas de fondos para el sostenimiento de sus familiares en la República Argentina.
El Poder Ejecutivo podrá suspender los beneficios otorgados por la presente ley respecto de los súbditos de aquellos países que tengan establecidas restricciones para los ciudadanos argentinos allí residentes, que afecten gravemente el principio de reciprocidad.
ARTICULO 103. - Todo argentino con más de dos (2) años de residencia en el exterior que decida retornar al país podrá introducir los bienes de su pertenencia destinados a su actividad laboral libre de derechos de importación, tasas, contribuciones y demás gravámenes, así como su automóvil, efectos personales y del hogar hasta el monto que determine la autoridad competente, hasta el monto y con los alcances que establezca el Poder Ejecutivo nacional.
ARTICULO 104. - Las embajadas y consulados de la República Argentina deberán contar con los servicios necesarios para mantener informados a los argentinos en el exterior de las franquicias y demás exenciones para retornar a
- ARTICULO 102. - El gobierno de la República Argentina podrá suscribir convenios con los Estados en los que residan emigrantes argentinos para asegurarles la igualdad o asimilación de los derechos laborales y de seguridad social que rijan en el país receptor. Dichos tratados deberán asimismo garantizar a los emigrantes la posibilidad de efectuar remesas de fondos para el sostenimiento de sus familiares en la República Argentina.
- DE LA AUTORIDAD DE APLICACION
- CAPITULO I
AUTORIDAD DE APLICACION
ARTICULO 105. - La autoridad de aplicación de la presente ley será la Dirección Nacional de Migraciones.
ARTICULO 106. - Los poderes públicos impulsarán el fortalecimiento del movimiento asociativo entre los inmigrantes y apoyarán a los sindicatos, organizaciones empresariales y a las organizaciones no gubernamentales que, sin ánimo de lucro, favorezcan su integración social, prestándoles ayuda en la medida de sus posibilidades.
- CAPITULO II
DE LA DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
ARTICULO 107. - La Dirección Nacional de Migraciones, será el órgano de aplicación de la presente ley, con competencia para entender en la admisión, otorgamiento de residencias y su extensión, en el Territorio Nacional y en el exterior, pudiendo a esos efectos establecer nuevas delegaciones, con el objeto de conceder permisos de ingresos; prórrogas de permanencia y cambios de calificación para extranjeros. Asimismo controlará el ingreso y egreso de personas al país y ejercerá el control de permanencia y el poder de policía de extranjeros en todo el Territorio de la República.
ARTICULO 108. - La Dirección Nacional de Migraciones podrá delegar el ejercicio de sus funciones y facultades de la Dirección Nacional de Migraciones en las instituciones que constituyan la Policía Migratoria Auxiliar o en otras autoridades, nacionales, provinciales o municipales, las que actuarán conforme a las normas y directivas que aquella les imparta.
- CAPITULO III
DE LA RELACION ENTRE DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES CON OTROS ENTES Y ORGANISMOS
ARTICULO 109. - Los Gobernadores de Provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de agentes naturales del Gobierno Federal, proveerán lo necesario para asegurar el cumplimiento de la presente ley en sus respectivas jurisdicciones, y designarán los organismos que colaborarán para tales fines con la Dirección Nacional de Migraciones.
ARTICULO 110. - Los juzgados federales deberán comunicar a la Dirección Nacional de Migraciones sobre las cartas de ciudadanía otorgadas y su cancelación en un plazo no mayor de treinta (30) días, para que ésta actualice sus registros.
ARTICULO 111. - Las autoridades competentes que extiendan certificado de defunción de extranjeros deberán comunicarlo a la Dirección Nacional de Migraciones en un plazo no mayor de quince (15) días, para que ésta actualice sus registros.
- CAPITULO IV
DE LOS REGISTROS MIGRATORIOS
ARTICULO 112. - La Dirección Nacional de Migraciones creará aquellos registros que resulten necesarios para el cumplimiento de la presente ley.
- CAPITULO V
DE LA POLICIA MIGRATORIA AUXILIAR
ARTICULO 113. - El Ministerio del Interior podrá convenir con los gobernadores de provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ejercicio de funciones de Policía Migratoria Auxiliar en sus respectivas jurisdicciones y las autoridades u organismos provinciales que la cumplirán.
ARTICULO 114. - La Policía Migratoria Auxiliar quedará integrada por la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional, la Policía Aeronáutica Nacional y la Policía Federal, las que en tales funciones quedarán obligadas a prestar a la Dirección Nacional de Migraciones la colaboración que les requiera.
ARTICULO 115. - La Dirección Nacional de Migraciones, mediante la imputación de un porcentaje del producido de las tasas o multas que resulten de la aplicación de la presente, podrá solventar los gastos en que incurrieran la Policía Migratoria Auxiliar, las autoridades delegadas o aquellas otras con las que hubiera celebrado convenios, en cumplimiento de las funciones acordadas.
- CAPITULO VI
DELITOS AL ORDEN MIGRATORIO
ARTICULO 116. - Será reprimido con prisión o reclusión de uno (1) a seis (6) años el que realizare, promoviere o facilitare el tráfico ilegal de personas desde, en tránsito o con destino a la República Argentina.
Se entenderá por tráfico ilegal de personas, la acción de realizar, promover o facilitar el cruce ilegal de personas, por los límites fronterizos nacionales con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio.
ARTICULO 117. - Será reprimido con prisión o reclusión de uno (1) a seis (6) años el que promoviere o facilitare la permanencia ilegal de extranjeros en el Territorio de la República Argentina con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio.
ARTICULO 118. - Igual pena se impondrá a quien mediante la presentación de documentación material o ideológicamente falsa peticione para un tercero algún tipo de beneficio migratorio.
ARTICULO 119. - Será reprimido con prisión o reclusión de dos (2) a ocho (8) años el que realice las conductas descriptas en el artículo anterior empleando la violencia, intimidación o engaño o abusando de una necesidad o inexperiencia de la víctima.
ARTICULO 120. - Las penas descriptas en el presente capítulo se agravarán de tres (3) a diez (10) años cuando se verifiquen algunas de las siguientes circunstancias:
- Si se hiciere de ello una actividad habitual;
- Interviniere en el hecho un funcionario o empleado público en ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso de su cargo. En este caso se impondrá también inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
- CAPITULO I
- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS
- ARTICULO 122. - La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación. Producida la entrada en vigor de la presente ley, sus normas serán aplicables aún a los casos que se encontraren pendientes de una decisión firme a esa fecha.
ARTICULO 123. - La elaboración de la reglamentación de la presente ley estará a cargo de la autoridad de aplicación.
ARTICULO 124. - Derógase la ley 22.439, su decreto reglamentario 1023/94 y toda otra norma contraria a la presente ley, que no obstante retendrán su validez y vigencia hasta tanto se produzca la entrada en vigor de esta última y su reglamentación.
ARTICULO 125. - Ninguna de las disposiciones de la presente ley tendrá por efecto eximir a los extranjeros de la obligación de cumplir con la legislación nacional ni de la obligación de respetar la identidad cultural de los argentinos.
ARTICULO 126. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
- ARTICULO 122. - La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación. Producida la entrada en vigor de la presente ley, sus normas serán aplicables aún a los casos que se encontraren pendientes de una decisión firme a esa fecha.
steveinbsas
Registered
- Joined
- Jul 27, 2006
- Messages
- 10,566
- Likes
- 6,785
gunt86 said:
If getting dual citizenship is a bad idea why didn't you emphasize that in any of your posts about applying for Argentine citizenship? Did I miss that?
PS: Thanks for adding the quotes of the Constitution. They probably will be deleted by someone who has more power than you or I have. After all, it's their bandwidth. Perhaps you can find a nanny in another thread. Hopefully, she will be able to help you with your tantrums.
Well, Steve, you miss a lot of things. In this case you missed that i said nothing about the pros or cons of dual US citizenship & Argentine citizenship. Instead, all i wrote was that your logical reasoning was immensely faulty.steveinbsas said:
Nevertheless, why don't you try it out and see what happens! It would be great to have some first hand knowledge of it, wouldn't it!
Furthermore, the poster asked about dual US citizenship & Argentine citizenship, which I do hope can be answered informatively by an 'Merkin (which i am not). Hence why i remain waiting for your awe-inspiring answer to the humble question from the poster.
steveinbsas said:
Oh come on now, you've never suggested someones service? I don't need the referred to kick-backs. His company has just done a good job for me I refer him to others that might want the same service...nothing more than that.
- Status
